BORJA VALCARCE

José Alfaro, un empleado de la sanidad canaria ya jubilado, fue ayer a juicio por colgar varios carteles en el Hospital Universitario Doctor Negrín con una composición en la que se veía una caricatura de un gremlin, las fotografías de tres altos cargos del centro hospitalario y calificaciones varias.

Pepín, como sus allegados conocen al acusado, fue denunciando por dos de las tres personas representadas en el panfleto por la presunta comisión de una falta de injurias. Ni al director de Recursos Humanos, Carmelo Santana, ni a la directora de gestión, Felisa Rodríguez les gustó verse caricaturizados en un cartel que, según aseguraron ayer, cubrió las paredes del hospital, por lo que cualquier familiar suyo podría haberlo visto en caso de acudir al recinto. La tercera persona reflejada, el director gerente del centro, José Miguel Hernández, no le dio mayor importancia y no acudió a la justicia como sus compañeros.

Pepín defendió ayer, en contra de lo mantenido por Santana y Rodríguez, que no se empapeló el Doctor Negrín con el panfleto, sino que sólo se colocó en cuatro plantas y en lugares por los que, en principio, sólo puede circular el personal del centro. Los denunciantes solicitan que se le imponga a Pepín una multa de 200 euros, a razón de 10 euros durante 20 días.

En el juicio, que tuvo lugar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, el acusado explicó que su intención no era meterse con nadie porque de hecho, expresó, no le tiene animadversión a ninguno de los denunciantes. Sólo quería que los empleados conociesen lo que había pasado con el local de la Junta de Personal del Área de Salud de Gran Canaria.

Polémica

Pepín, también miembro de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública Canaria, afirmó que todo tuvo su inicio el pasado 23 de septiembre, cuando Santana cerró y cambió la cerradura del local de la Junta de Personal. Éste se encuentra ubicado en el Hospital Juan Carlos I y, según la versión defendida por él, no tenía competencias para clausurarlo. Santana, por el contrario, afirma, que Pepín ya estaba jubilado cuando se cambió la cerradura del local y que, si se hizo, fue a petición de los miembros de la junta, no porque él quisiese. Independientemente de eso, afirmó que él ya no trabajaba.

Las protestas de Pepín sobre el cambio de llave no fueron contestadas y decidió dar a conocer a los empleados lo que había sucedido y cómo operaban estas personas con los carteles, explicó.

El denunciado afirmó que su intención fue destacar que "esos cargos se multiplican como los gremlins y que ahí se quedan sin hacer nada, de ahí los calificativos de caciques y virreyes; si se acude al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) y se lee sus acepciones se verá que no son insultos".

Pepín, asimismo, reflejó la función pública de estos tres cargos y la libertad de expresión y de crítica hacia ellos. "Ellos no han opositado para estar en esos lugares, son cargos políticos que tienen una función pública que puede ser caricaturizada, como se hace con cualquier otro político", aseveró.

Sus compañeros de Intersindical Canaria estuvieron presentes ayer en los juzgados de la calle Granadera Canaria para acompañarle durante el juicio de faltas que ya quedó visto para sentencia.