Foto de la portada: drysi.

Fuente de la información:
http://gerentedemediado.blogspot.com.es/

Dinero público en bolsillos privados


(Imagen tomada del blog The Green Benches)

Tony Judt en Algo va mal ( Ill fares the land), cuenta que durante la era Thatcher de privatizaciones en Reino Unido se transfirieron 14.000 millones de libras (de entonces) de los contribuyentes, a los accionistas e inversores de empresas privadas. A esa cifra habría que añadir otros 3.000 millones de libras en comisiones a los banqueros, que realizaron las transacciones en las privatizaciones, por lo que el estado británico desembolsó cerca de 17.000 millones de libras del dinero recaudado mediante impuestos a bolsillos privados. El equivalente al PIB de Paraguay o al presupuesto de la Universidad de Harvard.
Apenas unos días después de aprobarse la reforma del NHS ( The Health and Social Care Bill) ya se había adjudicado el contrato para prestar servicios comunitarios en el condado de Surrey ( Inglaterra), a partir del 1 de abril, por 500 millones de libras a Virgin ,la compañía de todo tipo de cosas de Richard Branson (desde tiendas de discos a líneas aéreas). Como señalaba Max Pemberton en The Telegraph , el NHS iniciaba su camino para convertirse, de una de las mayores organizaciones de prestación de servicios sanitarios del mundo, en un sistema de aseguramiento anacrónico, un cuerpo burocrático del gobierno británico dedicado a repartir dinero público a compañías privadas. Con el agravante de que uno de los habituales argumentos utilizados para justificar la privatización de servicios es además completamente falsa: porque en Surrey uno puede elegir entre Virgin o…Virgin, a la hora de recibir asistencia comunitaria. La protesta social ha sido inmediata
Virgin no es la excepción. Apenas un mes después de la aprobación de la reforma Cameron, el NHS comienza a repartirse en pedazos al mejor postor, como señala The Green benches, el blog de Eoin Clarke de cuyo blog tomamos la imagen de este post: SERCO y Bluebird Care también van pillando cacho. La primera de ellas ya gestionaba el mantenimiento hospitalario y el servicio de ambulancias en la región de Norfolk. Como se puede comprobar, el saqueo no ha hecho más que empezar, basado en dos falacias: la primera que la reforma no implica privatizar; la segunda que va destinada a facilitar la libertad de elección del usuario.
La comunidad valenciana, laboratorio de innovaciones sanitarias del partido conservador español (véase el famoso Modelo Alzira) acaba de poner en marcha un nuevo experimento: la adjudicación a un gestor privado de todos y cada uno de los 18 departamentos de salud, cuyos titulares asumirán la gestión y contratación de todos los servicios no sanitarios. Afortunadamente, el Vicepresidente del gobierno valenciano, Sr Ciscar, envía un mensaje tranquilizador (el personal estatutario seguirá dependiendo de la Consejería de salud), pero a la vez amenazante ( “o aplicamos modelos de colaboración publico- privada o subimos los impuestos a los valencianos en 500 euros al año”). Con la medida piensan recaudar 180 millones al año en concepto de canon, que procederá de los propios ahorros que obtengan las privadas en la gestión de los departamentos ( no dice nada de qué ocurrirá en caso de no lograrlo) . La Generalitat calcula que además la gestión privada (siempre más eficiente, ya se sabe) ahorrará otros 263 millones.
Es decir, otro ejemplo de concentración de la gestión (antes dispersa en diferentes empresas subcontratadas) en pocas manos, eso sí, privadas. El mismo vicepresidente admite que no está descartado que pueda agruparse la gestión de varios de los 18 departamentos, incluso que pueda adjudicarse a las empresas del modelo Alzira que gestionan otras 5 áreas de la comunidad valenciana. En vez de diversificar, centralizamos el riesgo.
Judt comenta también que la única razón por la que los inversores privados están dispuestos a adquirir bienes públicos en apariencia ineficientes es porque el Estado elimina o reduce su exposición al riesgo: “se embolsa los beneficios y deja que el Estado cargue con las pérdidas... El resultado ha sido el peor tipo de economía mixta: una empresa privada apoyada indefinidamente por fondos públicos”. Es decir, los nuevos dueños del sistema podrán correr todos los riesgos sabedores de que el gobierno siempre acudirá al rescate. El reciente ejemplo de la banca (demasiado grande para dejar que se hundiera) está bien presente. Ante el hipotético caso de que los adjudicatarios de los 18 departamentos valencianos tuvieran pérdidas cuantiosas, ¿qué haría la Generalitat Valenciana?
 
Inequidades invisibles

En uno de sus últimos trabajos Barbara Starfield revisaba magistralmente el concepto de inequidad ( inequity) en la atención sanitaria. Diferenciaba “inequity” ( la presencia de diferencias sistemáticas y potencialmente remediables entre grupos de población definidos económica, social o geográficamente) de “inequality” (las diferencias entre individuos, algunas de la cuales no son remediables, al menos actualmente).
Para Starfield la “inequity” puede ser horizontal o vertical. Es horizontal cuando las personas con las mismas necesidades no tienen acceso a los mismos recursos. Es vertical cuando las personas con mayores necesidades no tienen acceso a un mayor nivel de recursos. Por eso consideraba que lo que habitualmente se considera equidad ( igual uso por parte de los diferentes grupos poblacionales) en realidad era una manifestación de inequidad.
Las estadísticas sobre equidad escasean. Habitualmente se emplean indicadores brutos ( speranza de vida, mortalidad infantil…) y pocas veces se explicitan en los diferentes grupos poblacionales. No sería difícil, sin embargo, obtenerlos.
La cuestión es que la lucha frente a las inequidades no son una prioridad para buena parte de los gobiernos, especialmente en estos momentos de gobierno único dirigido desde la troika comunitaria.
En otro de sus trabajos Starfield señalaba que “el imperativo de maximizar los beneficios empresariales impide la acción social dirigida a la reducción de disparidades ( objetivos en equidad)".
La ley de reforma británica recientemente aprobada ( The Health and Social care Act) supone un cambio sustancial en la estructura administrativa del NHS en Inglaterra: hasta la fecha ésta estaba basada en las poblaciones residentes en determinadas áreas geográficas; a partir de ahora se establecerá en función del número de personas adscritas en la lista de una determinada práctica de medicina general en un determinado momento ( los llamados Clinical Comissioning Groups) , como señalaban la semana pasada Pollock, Macfarlane y Godden en el BMJ. De esta forma la monitorización de las necesidades de salud a nivel local se verá sustancialmente dificultada, haciendo casi imposible los efectos sobre la salud y las desigualdades que puede tener una reforma legislativa de este tipo.
La ley General de Sanidad en España estableció también una delimitación geográfica precisa a estos efectos: el área sanitaria, formada por un determinado número de zonas básica de salud. En teoría debería haber permitido obtener información precisa de las inequidades existentes en nuestro territorio en materia de salud. Y aunque existen trabajos sumamente valiosos, sigue siendo significativo la ausencia de este tipo de información tan relevante en las webs del Ministerio de sanidad, a cuyo deficiente estado contribuyeron con igual entusiasmo todos los gobiernos que por alli pasaron.
Como señala el trabajo de Pollock el cambio de estructura administrativa a la hora de recoger, y explotar la información no es baladí, puesto que determinan o no la posibilidad de monitorizar la provisión de servicios, y asegurar la equidad de acceso, la medición de resultados y la asignación de recursos. Al sustituir la delimitación geográfica por el simple alistamiento, siguiendo el mantra de la libertad de elección, la relevancia de la delimitación geográfica se pierde. Además de ello, la progresiva privatización del sistema, del que hablábamos en el último post, hará aún más difícil la planificación y evaluación del rendimiento de la fuerza del trabajo, al no ser datos de especial relevancia para los proveedores privados.
En el Programa Nacional de Reformas del Reino de España, hoja de ruta del actual gobierno, se establece dentro de las medidas destinadas a la reforma del sistema nacional de salud las destinadas a posibilitar a los pacientes la libre elección de centro médico y facultativo. En definitiva , la implantación, como ya dijo la ministra Mato en su primera comparecencia de modelos similares al de la comunidad de Madrid, tan querido por su Presidenta, y que permite conseguir avances tan considerables como que un ciudadano de Aranjuez pueda elegir un médico de familia que trabaja en Guadarrama. La cuestión del análisis y reducción de las inequidades no aparece reflejado con la importancia que merece ni dicha hoja de ruta ni el Real Decreto Ley.
Como dice Pollock sin información fiable es imposible actuar contra las amenazas a la equidad. Pero eso, ¿a quien le importa?